ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

Magistrado ponente


AC8515-2017

Radicación n° 68001-31-03-007-2007-00049-01

(Aprobado en sesión de primero de noviembre dos mil diecisiete)


Bogotá, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil diecisiete (2017).-                                    


La Sala decide sobre la admisibilidad de la demanda presentada por DORIS ELVIRA ESCOBAR CELIS Y MARCO ANTONIO RINCÓN CHACÓN, para sustentar el recurso extraordinario de casación interpuesto contra la sentencia proferida el 24 de agosto de 2016 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro del proceso ordinario promovido frente a la ASEGURADORA COLSEGUROS S.A.


ANTECEDENTES


       1. Los accionantes solicitaron declarar que el 20 de febrero de 2006 ocurrió un siniestro de pérdida total del vehículo de placas XVN 849 de su propiedad; y, por lo tanto, la ASEGURADORA COLSEGUROS S.A. estaba obligada a pagar la indemnización con cargo a la póliza tomada por la Nación-Ministerio de Hacienda, con el objetivo de asegurar los daños a vehículos causados por terrorismo cometido por grupos subversivos.


En consecuencia, se solicitó condenar a la accionada: (i) a pagar a su contraparte la suma de doscientos treinta y dos millones cincuenta mil pesos ($232.050.000), por concepto de indemnización correspondiente a la destrucción del vehículo asegurado; y (ii) los intereses de mora desde la fecha en que se objetó el pago del siniestro conforme el artículo 1080 del Código de Comercio, fls. 36 a 41 del c. 1.


2. En auxilio de sus aspiraciones, los demandantes relataron los supuestos fácticos que se procede a sintetizar:


a.-) El 20 de febrero de 2006 ocurrió un siniestro de pérdida total del vehículo tracto camión de placas XVN 849 junto con el tráiler identificado con placa R33155 al ser incinerado a consecuencia de actos terroristas.


b.-) Los demandantes como propietarios del vehículo, presentaron reclamación a la demandada quien realizó un acuerdo de pago por concepto de indemnización correspondiente al remolque de placa R33155; y, propuso además pago de la indemnización por el tracto camión de placa XVN 849 en cuantía de doscientos treinta y dos millones cincuenta mil pesos ($232.050.000). Los demandantes en señal de aceptación, firmaron y entregaron el documento contentivo del convenio el 1º de agosto de 2006.


c.-) Posteriormente, la aseguradora objetó la reclamación ya convenida mediante comunicación de 23 de agosto de 2006 con base en la exclusión contenida en el contrato de seguro, según la cual no existe la obligación cuando se trate de «….vehículos cuyo ingreso al país o su posesión y tenencia resulten ser ilegales o se compruebe que su matrícula es fraudulenta, independientemente que el asegurado conozca o no estos hechos» sin que, a juicio de los demandantes, tenga relación de causalidad con el siniestro, además de ser ambigua e improcedente.


d.-) Agrega que no es la aseguradora la que determina la validez de los actos y documentos públicos, siendo que la matrícula del tracto camión se encuentra vigente en la Dirección de Tránsito de Floridablanca, sin que haya sido invalidada o cancelada por circunstancias de ilegalidad, además que nadie se encuentra investigado por falsedad u otro delito por actos fraudulentos en relación con la matrícula del vehículo de placas XVN 849.


3. Mediante fallo de 28 de febrero de 2013, el a-quo declaró imprósperas las excepciones y declaró que la aseguradora estaba obligada a reconocer la indemnización reclamada en razón del siniestro ocurrido el 20 de febrero de 2006 (fls. 220 a 230). El 20 de marzo de 2013 adicionó su fallo para incluir dentro de la condena el pacto correspondiente al deducible, así como la obligación de traspaso en cabeza de los asegurados, del vehículo incinerado.


4. Al desatar la apelación que formuló la vencida, el 24 de agosto de 2016 el Tribunal resolvió «revocar» esa decisión para en su lugar, declarar la prosperidad de la excepción denominada «inexistencia de la obligación deprecada en contra de la aseguradora, debido a la precisa exclusión contractual-riesgo excluido»; y, en consecuencia, denegó las pretensiones de la demanda. (fls. 27 al 37, c. 4).


5. El apoderado de la demandante formuló casación que, concedida por el ad-quem y admitida por la Corte, sustentó con el escrito que se examina (fls. 24 al 37 de este cuaderno).


LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL


En síntesis, sus argumentos son los siguientes:


1. Identificó la mentada Corporación dos problemas jurídicos a desatar en segunda instancia. El primero, relativo a la validez de la cláusula de exclusión contemplada en el condicionado general de la póliza cuyo incumplimiento se deprecó. El segundo, en establecer si de las pruebas recaudadas estaba demostrado el supuesto de hecho contenido en la mentada cláusula.


2. En relación con el primer problema jurídico concluyó que la cláusula según la cual comportaba una exclusión del contrato de seguro, que se trate de «….vehículos cuyo ingreso al país o su posesión y tenencia resulten ser ilegales o se compruebe que su matrícula es fraudulenta, independientemente que el asegurado conozca o no estos hechos» es clara, válida, eficaz y vincula  a las partes, según pronunciamiento de esta misma Corporación.


3. Respecto al segundo problema jurídico, relacionado con la valoración probatoria, sostuvo el ad quem que con base en las pruebas recaudadas se podía concluir que la tarjeta de propiedad del tractocamión de los demandantes, que fue matriculado por reposición del vehículo de placas SBK 452 «…es irregular y está sentada en documentos falsos…». Para llegar a esa conclusión, se apoyó en las siguientes pruebas documentales:


3.1 Para matricular el tracto camión de placas XVN 849 se aportaron 3 documentos de fechas 24 de noviembre de 2004; 25 de noviembre de 2004; y, 30 de noviembre de 2004, según los cuales se certificaba por el Jefe de Archivo y Documentos del Instituto Departamental de Transporte y Tránsito del Atlántico, que al vehículo de placas SBY 452 se le canceló la matrícula el 20 de mayo del mismo año, y su propietario era Carbones del Caribe S.A. Por el último de los documentos nombrados, se certifica que el señor Carlos Julio Acosta solicitó cancelación del registro nacional de carga del vehículo de placas SBK 452 de Carbones del Caribe S.A, y se procedió a la cancelación del registro. También se aportó documento con fecha del 4 de Junio de 2004, según el cual Alfredo González Rubio como representante legal de Carbones del Caribe S.A, le cede los derechos de cupo del vehículo de placas SBK 452 a Ismael Orellano Flórez. A su vez, se aportó documento fechado el 30 de agosto de 2004 por medio del cual Orellano Flórez, le cede a la demandante Doris Elvira Escobar Celis el cupo del remolque de placa SBK 452 «…para efecto de la matrícula de un vehículo nuevo…»


3.2 Pese a lo anterior, el Instituto Departamental de Transportes y Tránsito del Atlántico en documento del 4 de mayo de 2007 afirmó que los mencionados documentos no fueron expedidos por ese Instituto y que el profesional quien aparece firmándolos, figura con una firma totalmente distinta. Por su parte, Carbones del Caribe S.A. certificó en documento del 24 de enero de 2008 que para el 4 de junio de 2004 el señor Alfredo González Rubio no era el representante legal de la empresa.


3.3. De otro lado, el 14 de agosto de 2006 el Instituto Departamental de Transporte y Tránsito del Atlántico certificó que al vehículo de placas SBK 452 le fue cancelada la matrícula desde el 2 de Julio de 1998, siendo que para esa fecha, y desde el 2 de febrero de la misma anualidad, el propietario inscrito era la Compañía Suramericana de Seguros. Esta última compañía elevó solicitud de exoneración de pago por revisión técnico mecánica e impuestos del vehículo de placas SBK 452 «…el cual fue declarado pérdida total daños incinerado y pagado por nuestra compañía a la empresa Transportes Elman quien a su vez compró el salvamento» cuya petición fue atendida mediante Resolución 650 de 2002.


4. A partir de esos medios de persuasión, el Tribunal concluyó que la matrícula del vehículo de los demandantes tiene origen en documentos irregulares, configurándose así la causal de exclusión contenida en la póliza objeto de cobro judicial, con base en las siguientes apreciaciones:


4.1 Desde el 2 de julio de 1998 la titularidad del dominio del vehículo de placas SBK 452 la tiene la Compañía Suramericana.


4.2. A partir de lo anterior, la compra de derechos del cupo del vehículo de placas SBK 452 hecha por Ismael Orellano Flórez para matricular un nuevo vehículo –que resulta ser el de propiedad de los demandantes-  es irregular por dos razones. La primera, porque quien firma la cesión en nombre de Carbones del Caribe S.A. no ejercía la representación legal de la empresa. La segunda, porque para esa fecha, el derecho de dominio recaía en la Compañía Suramericana y no en Carbones del Caribe S.A.


4.3. El certificado que se usó para la matrícula inicial del vehículo de los demandantes en reposición del de placas SBK 452 no fue expedido por el Instituto Departamental de Transporte y Tránsito del Atlántico.


5. En ese orden de ideas, el argumento del a quo según el cual la matrícula del tracto camión, como documento administrativo que es, se presume legal hasta que no sea declarado nulo por autoridad competente, es correcto; pero del mismo no se sigue que el fundamento de hecho de la cláusula de exclusión sea la decisión judicial que declare nula la matrícula. A juicio del tribunal el texto de aquélla es más amplio, al punto de considerarla configurada cuando se tenga certeza que «…la matrícula es fraudulenta, esto es, que está fundada en hechos, actos o negocios jurídicos irregulares, erróneos, indebidos, falsos…» a la par de que no se exige que el asegurado haya participado en dichos actos, pues esta se configura «independiente que el asegurado conozca o no estos hechos». En consecuencia, independiente de que judicialmente se haya o no declarado la ilicitud de ese documento, el juez del contrato de seguro es competente para establecer ese dis-valor o ineficacia del negocio jurídico.


LA DEMANDA DE CASACIÓN


Contiene un ataque con fundamento en la causal segunda del artículo 336 del Código General del Proceso, de cuyo contenido y alcance a continuación se hará relación.


ÚNICO CARGO


Con este la recurrente aduce la violación indirecta de los artículos 1624 del Código Civil; 34 de la ley 1480 de 2011; 44 de la ley 45 de 1990; 184 del Decreto 663 de 1993; de los cánones 922, 1077 y 1080 del estatuto mercantil; artículos 85 y 138 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo; y, artículos 2 y 47 de la ley 769 de 2002 como consecuencia de errores de hecho en la apreciación de las pruebas.


En el desenvolvimiento del embate, expone:


1. El entendimiento que el juzgador de segunda instancia le dio a la exclusión en la que se soporta la excepción, atenta contra la seguridad jurídica de un documento público como es la tarjeta de propiedad o licencia de tránsito. Agrega que el yerro del tribunal conduce a la falta de aplicación de las normas que ordenan interpretar la ambigüedad de la exclusión a favor del asegurado.


2. El ad-quem incurre en violación de normas sustanciales porque la exclusión es clara en exigir que se «compruebe» que la matrícula es «fraudulenta» sin que pueda el tribunal valorar pruebas distintas a la de propiedad inscrita del automotor, luego apreció indebidamente las demás pruebas documentales que no eran aptas para llegar a la conclusión de que la matrícula no tiene validez


3. El tribunal incurrió en yerro de valoración probatoria al apreciar material probatorio orientado a fulminar la matrícula del automotor, siendo este el único medio probatorio válido como garantía de legalidad y seguridad jurídica de la propiedad del bien objeto del seguro.


4. La matrícula del vehículo XVN 849 por ser un acto administrativo, sólo puede ser revocado a través de una acción de nulidad contemplada en el Código Contencioso Administrativo.


CONSIDERACIONES


1. El Código General del Proceso, que entró en vigor integral el 1° de enero de 2016, prevé en sus artículos 624 y 625-5, que “(…) los recursos…se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron…”, y como el de casación que ahora ocupa la atención de la Corte se formuló el 29 de agosto de ese año, será a la luz de dicha codificación que se hará el estudio del libelo sustentatorio presentado.


2. En el marco del nuevo estatuto procesal civil, el de casación sigue siendo, en líneas generales, un recurso extraordinario de naturaleza dispositiva y formal, toda vez que, en esencia, para su debida sustentación el interesado debe enfilar su inconformidad dentro de las causales expresamente previstas por el legislador, que no son otras que las cinco relacionadas en su artículo 336, y mediante la introducción de una demanda que satisfaga las exigencias del artículo 344 ibídem.


De ahí que en el respectivo libelo, so pena de inadmisión, se impone para el extremo recurrente mencionar las partes de la controversia, sintetizar los hechos y pretensiones materia del litigio y formular por separado los cargos, con fundamentos claros, precisos y completos, entendiéndose por esto último, que las razones expuestas por el censor combatan cabal e íntegramente los genuinos soportes de las determinaciones adoptadas por el sentenciador de segunda instancia, pues, como ha dicho la Corte, en doctrina que mantiene vigencia, “si el laborío del acusador no los comprende a cabalidad, al margen de que el juzgador de instancia hubiere podido incurrir en las falencias denunciadas, su sentencia no podría quebrarse en virtud del recurso extraordinario” (CSJ AC de 19 de dic. de 2012, Rad. 2001-00038-01).


Ahora bien, cuando se invoca la violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho manifiesto, el legislador previene al impugnante para que amén de singularizar las pruebas sobre las que recae el desatino, indique en qué consiste este y lo demuestre, señalando su trascendencia en el sentido del fallo.


3. Confrontadas las exigencias formales y técnicas del mencionado artículo 344 con la demanda de casación radicada, se advierte el incumplimiento de aquellas, lo que pasa a explicarse en detalle.


3.1 El cargo formulado no controvierte a plenitud las bases que sirvieron de apoyo al fallo confutado.


En efecto, se recordará que el Tribunal consideró configurada la excepción que declaró probada la cláusula de exclusión del contrato de seguro, porque pese a que no se había declarado la nulidad de la tarjeta de propiedad del vehículo de placas XVN 849, aquélla se tornaba más amplia, siendo necesaria la demostración de que la misma era fraudulenta, entendiendo por esta, que «…esté fundada en hechos, actos o negocios jurídicos irregulares, erróneos, indebidos, falsos…» (fl. 36).


Mientras tanto, en el único cargo, los accionantes enfilaron su argumentación en considerar que era necesaria la declaratoria de nulidad del acto administrativo –tarjeta de propiedad-sin atacar la precisa razón de la decisión sobre la que se apoyó el tribunal en el análisis de las cláusulas contractuales. Es decir, que aquélla no requería para su demostración una decisión judicial que declarara nula la matrícula.


Es decir, que en su embate el casacionista obvió referirse y discurrir sobre el fundamento de la decisión del Tribunal al considerar que pese a la no declaratoria de nulidad por autoridad competente, la cláusula contentiva de la exclusión, se tornaba más amplia, siendo que ni siquiera exigía que el asegurado hubiera participado en dichos actos, pues la misma se configura «independiente que el asegurado conozca o no estos hechos»


Así las cosas, como la apreciación de las pruebas que constituyen el soporte esencial de lo decidido por el ad-quem no fue combatida, valga anotar, que se mantiene indemne amén de gozar de las presunciones de legalidad y acierto, huero resultaría analizar los reparos formulados en los medios de acreditación que tuvo en cuenta el tribunal para llegar a su conclusión, circunstancia que conlleva, necesariamente, la inadmisión de la demanda de casación.


En torno a la anterior temática, la Corte, en doctrina que se mantiene vigente, ha señalado que “los cargos operantes en un recurso de casación únicamente son aquellos que se refieren a las bases fundamentales del fallo recurrido, con el objeto de desvirtuarlas o quebrantarlas, puesto que si alguna de ellas no es atacada y por sí misma le presta apoyo suficiente al fallo impugnado éste debe quedar en pie, haciéndose de paso inocuo el examen de aquellos otros desaciertos cuyo reconocimiento reclama la censura” (CSJ, SC de 27 de julio de 1999, Rad. nº. 5189.


Reitérese que la decisión del tribunal estuvo fundada en el análisis de la cláusula contractual, y lo que se tornaba necesario para su demostración, siendo que el casacionista obvió en su demanda atacar este preciso fundamento.


3.2. A lo anterior se suma, que un fundamento de la decisión del tribunal estuvo encaminada a considerar la cláusula contractual contenida de la exclusión como «válida, eficaz y [que] vincula a las partes del contrato» pero el censor se limitó a afirmar que «…la aseguradora debió prever al redactar la póliza unilateralmente, que era necesario dar claridad a la exclusión y redactarla indicando que para efectos del contrato de seguro no se acepta la presunción de legalidad del documento que representa la matrícula y que no es el juez administrativo el que decide sobre ella»¸ tornándose así en un típico alegato de instancia que en nada quiebra los fundamentos del tribunal.


Ha repetido la Sala que la carga de demostrar el error de hecho recae exclusivamente en el censor; no obstante, «esa labor no puede reducirse a una simple exposición de puntos de vista antagónicos, fruto de razonamientos o lucubraciones meticulosas y detalladas, porque en tal evento el error dejaría de ser evidente o manifiesto conforme lo exige la ley». (CSJ SC, 15 Jul. 2008, Rad. 2000-00257-01; CSJ SC, 20 Mar. 2013, Rad. 1995-00037-01)


Se itera que el fallo del Tribunal viene revestido de la doble presunción de legalidad y acierto. Es así como, el juzgador goza de plena autonomía en la apreciación probatoria, sin que ella llegue a comportar arbitrariedad alguna, de manera que sólo el error manifiesto, evidente y trascendente, es decir, el que brota a simple vista y se impone a la mente como inadmisible o incomprensible, es susceptible de apoyar la causal de casación que por esta vía daría al traste con el pronunciamiento impugnado.


El artículo 344 del Código General del Proceso exige que los fundamentos de cada cargo se expongan en forma «clara, precisa y completa», además, cuando la censura alega la infracción indirecta de la ley, como en este caso, el impugnante debe demostrar el error y señalar su trascendencia en el sentido del fallo.


Por lo tanto, el yerro que soporta la causal de casación no puede fundarse en una disímil apreciación de las pruebas por parte del censor. Su demostración impone poner al descubierto que la valoración que hizo el ad quem fue arbitraria o carente de toda lógica, y que «la única ponderación y conclusión que tolera y acepta la apreciación de las pruebas sea la sustitutiva que proclama el recurrente», pues, de lo contrario «no se genera el yerro de facto con las características de evidente y manifiesto, por cuanto en dicha situación no hay absoluta certeza del desatino cometido por el fallador… (CSJ, SC. 11 de marzo de 1999, citada en AC. Feb. 22 de 2012, rad. 2009-00538-01)


No por llegar a conclusiones diferentes a las que arribó el tribunal, emerge la causal de casación invocada. Es necesario que el censor demuestre que el raciocinio del tribunal está soportado en un «error visiblemente grave» cuestión que aquí no se demostró. (CSJ. SC. Sep. 24 de 1998)  



Ha dicho sobre el particular esta Corporación:


«…si en la impugnación se presenta un ejercicio de ponderación probatoria diferente, en la que, según quien la formula, debe prodigarse mayor valor a unas probanzas que a otras, la Corte no tiene alternativa distinta a la de atender la valoración del juzgador, en virtud de la doble presunción de legalidad y acierto de que está revestida su sentencia, lo que impone que sus conclusiones en torno del examen de los elementos fácticos son, en principio, intocables, salvo la demostración plena del inocultable yerro apreciativo...»  (CSJ. AC-5335 de 2017)  


En ese orden de ideas, el cargo no se formuló en debida forma, pues, no confrontó los pilares de la sentencia, ni contiene la demostración del yerro.


4. Por último, cumple señalar que desde otra perspectiva resulta impertinente desconocer las deficiencias formales y técnicas advertidas para darle impulso a la demanda estudiada, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 336 del Código General del Proceso, y el canon 7º de la Ley 1285 de 2009, reformatorio del 16 de la Ley 270 de 1996, pues, analizado el proceso, no se observa la ostensible vulneración de las garantías constitucionales de los implicados en la controversia; o la notoria transgresión del principio de legalidad; o una significativa afectación de la ley objetiva comprometida en el juicio; o el marcado agravio de los derechos de las partes.


5. En suma, como el cargo examinado no satisfizo los requisitos formales y técnicos que le son propios, habrá de inadmitirse el libelo que lo contiene, en los términos del numeral 1º del artículo 346 del Código General del Proceso.


DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, INADMITE la demanda que DORIS ELVIRA ESCOBAR CELIS Y MARCO ANTONIO RINCÓN CHACÓN, formuló para sustentar el recurso extraordinario de casación que interpuso contra la sentencia proferida el 24 de agosto de 2016 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro del proceso ordinario que promovió frente a la ASEGURADORA COLSEGUROS S.A.


Contra la presente decisión no procede recurso alguno al tenor del artículo 346 del Código General del Proceso.


Notifíquese y, en oportunidad, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.





LUIS ALONSO RICO PUERTA

Presidente de Sala





MARGARITA CABELLO BLANCO






ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO





AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO





ARIEL SALAZAR RAMÍREZ





LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA